Recientemente se anunció con bombos y platillos la aprobación de la Ley de Bibliotecas Públicas que busca darle continuidad al Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. La ley reza, palabras más, palbras menos, que el estado deberá seguir destinando una parte de sus recursos (aquellos que provienen de la telefonía celular y de la estampilla procultura) para la conservación y ampliación de las bibliotecas existentes. responsabiliza además a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales para que las bibliotecas funcionen de la mejor manera posible. Como punto adicional, mantiene las exenciones arancelarias sobre el libro por 20 años más.
Esta es una buena noticia por supuesto, ya que obliga a los siguientes gobiernos a darle continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando durante los últimos años con el PNLB. Pero no todo es color de rosa, siempre hay un pero por supuesto, esta ley parece no hacer nada por el gremio de bibliotecarios (que no de bibliotecologos), quienes son nombrados en la mayor parte de los municipios como una manera de favor político o por ocupar una plaza con alguien que además debe realizar otros trabajos administrativos.
La ley es un punto de partida y a eso debemos atenernos. Las entidades de promoción de lectura deberán seguir su tarea no sólo por darle un lugar a la biblioteca publica sino también al bibliotecario, para que este halle un lugar entre la impotencia, la política y el hastío.
Comentarios
Publicar un comentario